Huelga sin reemplazo

Gobierno chileno sufre en carne propia la fórmula que propone la huelga sin reemplazo en su reforma laboral.

Los recursos del estado se invierten en satisfacer las demandas de los grupos que más presionan en lugar de utilizar el único criterio aceptable: el de la mayor rentabilidad social. Más que nunca está vigente el dicho de que «guagua que no llora no mama»

El derecho a huelga debe ser permitido y normado, tanto en el sector público como en el privado.

Y la norma debería ser igual para todos los chilenos. No puede haber diferencias que favorezcan o perjudiquen a quiénes trabajan en uno u otro sector. Prebendas como la inamovilidad de los trabajadores de planta o la imposibilidad de negociar colectivamente en el sector público, son inexplicables.

Lo que no puede permitir ninguna normativa es el uso y abuso de mecanismos de paralización de actividades, sin dar garantías de continuidad de las operaciónes y servicios a los clientes finales de la empresa u organización. Contribuyentes, clientes, votantes y ciudadanos en general, son olímpicamente ignorados en las decisiones de paralización.

Y es dramático darse el lujo de no atender a las necesidades de nuestros clientes.

En el caso de los servicios del estado el cliente queda absolutamente abandonado, porque no existe la posibilidad de que el servicio sea prestado por otra organización del sector privado.

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En el caso del sector privado, se arriesga la continuidad de la empresa, porque todos sus clientes emigrarán, naturalmente hacia la competencia.

La norma debe entonces obligar a las partes en conflicto a negociar de buena fé, existiendo un juez o arbitro que zanje rápidamente las diferencias entre las posiciones.

Hoy día somos testigos del uso de la paralización, las marchas y protestas para afirmar intereses de grupos, posiciones ideológicas y reivindicaciones sociales, justificadas o no, pero que, a la larga, redundan en que los recursos del estado se destinan a la guaguas que más fuerte lloran, despreciando la rentabilidad social que debería inspirar toda inversión del estado.

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