Amenazas y oportunidades del proceso constituyente

Llegó la hora.

NuevaConstitución

El pasado 13 de abril se dió inicio a los procesos de organización de encuentros locales y cabildos provinciales que pretenden recojer de la opinión pública los valores, derechos y obligaciones que deberían inspirar nuestra nueva constitución.

Los detractores de este proceso acusan la utilización del diálogo ciudadano para legitimar una constitución que finalmente emergerá de la élite política.

Los partidarios esperan que la utilización del diálogo ciudadano legitime la nueva constitución, que sería la decisión política del pueblo.

Desconfiados unos, ingenuos los otros.

Podría ser una gran amenaza o una tremenda oportunidad para nuestro país. El resultado es incierto, pero ya se inició el proceso constituyente, comprometido en el programa de gobierno de Michelle Bachelet.

Derechos y deberes

Ideal sería que nuestra constitución garantizara a las personas el ejercicio, en adecuadas cantidad y calidad, de derechos:

  • A la educación
  • Al trabajo y su remuneración
  • A la salud
  • Al consumo
    • Alimentación
    • Vestuario
    • Vivienda
    • Energía / Agua
    • Transporte
    • Comunicaciones
    • Entretención
    • Cultura
    • Deporte
  • A la previsión y al ahorro
  • A la justicia, a la propiedad, a la seguridad y a la soberanía
  • A la libertad de opinión, expresión, asociación y empredimiento
  • A la trascendencia

Para casi todos los derechos es necesario producir un bien o un servicio que permita su ejercicio y, por lo tanto, tendrá que haber alguien que los produzca y financie.

El hecho de que el ejercicio de los derechos del individuo tenga un costo nos lleva inmediatamente a tener que definir quién lo paga.

Si lo paga el estado, en realidad lo pagan todos los individuos a través de sus impuestos (visión colectivista) y si lo paga el individuo su ejercicio quedará condicionado a la capacidad de compra del mismo (visión individualista).

Los derechos relativos a las libertades no representan costos para la sociedad. Basta con que el estado se abstenga de reprimir las libertades, y las expresiones artísticas, religiosas o espirituales.

Entonces, la pregunta que verdaderamente tenemos que resolver, es ¿qué derechos debe el estado garantizar, y por lo tanto financiar, en qué proporción y a quiénes?

Por otra parte están los deberes que cada individuo y organización tendría:

  • Pagar sus impuestos (estos servirán para subsidiar el ejercicio de aquellos derechos que deban ser garantizados por el estado)
  • Trabajar dando lo mejor de sí para aumentar la calidad y la cantidad del producto
  • Respetar y hacer respetar las leyes
  • Entregar su mejor aporte a la convivencia, felicidad y prosperidad individual, de su familia, de su empresa, su barrio, su comuna y de su país.

Mercados y libre competencia

Los mercados son organizaciones sociales  que propician las condiciones para el intercambio. Por su intermedio los oferentes y demandantes de un determinado bien o servicio, entran en una relación comercial a fin de realizar transacciones.

galeano

La libre competencia o las condiciones de competencia perfecta son utopías, y como tales, como dice Eduardo Galeano, “nos sirven para caminar”.

Lo que la libre competencia promete  es que el ajuste de los precios en los mercados se realice por el simple ejercicio de la oferta y la demanda, obteniendo oferentes y demandantes precios de equilibrio; es decir, precios que ninguno prodría mejorar. Esto obliga permanentemente a los oferentes de bienes y servicios a mejorar su productividad (a riesgo de que la competencia lo haga y lo saque del mercado) por la vía de:

  • inversión de capital
  • aumento de trabajo
  • innovación tecnológica

Esta característica es la que hace la principal diferencia entre el desarrollo y el crecimiento económico de las sociedades capitalistas respecto de las colectivistas. Este concepto es aceptado en en el mundo desde la caída del muro de Berlín en 1989.

El problema del capitalismo es que aumenta la desigualdad porque, con el tiempo, las empresas exitosas van desplazando a las menos productivas, hasta lograr posiciones monopólicas u oligopólicas.

Cuando esto es permitido en una sociedad, los consumidores quedan en absoluto desamparo, porque se quedan sin alternativas y desaparece el equilibrio que daba un mercado competitivo. El productor monopólico puede entonces darse el lujo de subir sus precios y bajar su nivel de calidad sin que esto produzca ningún efecto en la demanda.

A juzgar por los múltiples casos de colusión y por la concentración de la propiedad en las industrias del papel, las farmacias, los alimentos, la energía, las comunicaciones, los bancos, el trasporte aéreo y marítimo, las afp, las isapres, la minería y la pesca, nuetra legislación antimonopolios, la fiscalía económica y los servicios de defensa del consumidor, tienen escaso poder disuasivo ni represivo de tales conductas.

Peor se ve el panorama si se está legislando a la medida para facilitar la mantención del status-quo de dichas estructuras monopólicas, como demuestran las últimas revelaciones de los casos de cohecho.

Rol de la constitución y las leyes, jurisprudencia

¿Cómo hemos llegado a este estado de descomposición en que campean la corrupción, el cohecho y las maniobras de las élites económicas y políticas para mantener el usufructo de su posición dominante por sobre consumidores, trabajadores, electores, accionistas minoritarios y contribuyentes? ¿No deberían nuestra constitución y nuestras leyes defender los intereses de estos últimos?

Pero, no basta con declarativas inspiradoras. Se necesitan leyes concretas que penalicen drásticamente a quiénes atenten contra los intereses de la gente de a pie. Nuestras leyes deberían considerar delito y castigar con severas penas todas aquellas conductas que atenten contra la democracia y la libre competencia, delitos de cuello y corbata, que perjudican el interés público y dañan la confianza en nuestras instituciones.

¡No puede ser que el castigo a los coludidos o a quiénes cambian unilateralmente contratos de crédito sea un curso de responsabilidad social empresarial!

En los Estados Unidos, en brutal contraste, Bernard Madoff, considerado el gurú de las inversiones de Wall Street durante más de 20 años, fue condenado a 150 años de cárcel efectiva, aparte de las multas de beneficio fiscal y reparaciones a las víctimas, por su esquema piramidal de inversiones.

Un aspecto que sería muy práctico de implementar en nuestro sistema jurídico es el de la jurisprudencia. ¿Por qué interponer una demanda civil para evitar que me suban unilateralmente el plan de salud, si diversos tribunales ya han fallado en favor del afiliado?

Si los fallos sentaran precedentes y existiera jurisprudencia, el estado, los tribunales de justicia y los afiliados a las isapres nos ahorraríamos mucho dinero, tiempo, esfuerzo y malos ratos. Mientras esto no cambie, los únicos que ganan son las isapres y los abogados que tramitan estas causas por cientos de miles.

Otra forma de atacar el mismo tipo de problema sería adoptar las “class actions” o causas colectivas, en que el resultado del fallo es vinculante a todas las causas homólogas.

Gobierno, reelección y revocación de mandato

No tiene sentido cambiar a un gobierno que lo está haciendo bien. Debería poder presentarse a la reelección. Como contrapartida, tampoco deberíamos tener que tolerar que un gobierno que lo hace mal, lo siga haciendo hasta el fin de su mandato.

Esto nos lleva a la necesidad de establecer mecanismos de consulta  popular que sean ágiles y confiables, de manera de poder consultar opinión y, de ser necesario, plebiscitar incluso modificaciones a la constitución y revocaciones de mandatos de cargos de elección popular. Con las tecnologías actuales es perfectamente posible pensar en diseñar sistemas inteligentes que permitan a las mayorías expresar su voluntad y dotar a la gente de a pie de una legítima defensa.

¿Qué derechos debe el estado financiar, en qué proporción y a quiénes?

En mi opinión solo se deberían subsidiar aquellos derechos que aseguren la libre competencia; por ejemplo: la educación y la justicia.

Habrá que mantener muchos de los subsidios a las pensiones asistenciales y mínimas, mientras maduran y se consolidan la educación y la previsión, siempre focalizados en los segmentos más pobres.

El resto dejémoslo al mercado. Siempre y cuando el estado logre una efectiva acción para evitar los monopolios, la colusión, el cohecho y una larga lista de abusos de los más poderosos sobre las mayorías, los mercados serán los mejores asignadores de los recursos.

podercorrompe

Así como se cuida la democracia evitando la concentración del poder político, se debe cuidar la libre competencia para evitar la concentración del poder económico. Y no es solo porque “el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Sin libre competencia el desarrollo, el crecimiento, la productividad, la innovación y el empredimiento se verán seriamente mermados.

Será muy difícil que volvamos a confiar en nuestras instituciones si nuestra constitución y las leyes no protegen de verdad los intereses de la ciudadanía; es decir, la democracia y la libre competencia. Cualquier otro camino nos lleva, a la larga, a bailar al ritmo de quiénes utilizan el poder en función de sus propios intereses.

 

 

 

 

 

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