Póngale nombre a esta brutalidad

No se me ocurre con qué evento histórico comparar el tremendo error que el gobierno está por cometer, si logra convencer al parlamento de aumentar las restricciones de cambios de fondos del sistema de pensiones.

Ayúdeme Ud. a buscarle un nombre.

Como yo lo veo, primero, el estado crea un sistema de ahorro obligatorio para financiar pensiones, en donde los trabajadores no tienen voz ni voto en el destino ni uso de sus fondos, las AFP son las responsables de obtener la mejor rentabilidad y seguridad de dichos fondos.

De pronto abren la posibilidad de que los trabajadores decidamos, efectivamente, sobre el destino de nuestros fondos, aunque, igual no los podemos usar más que para financiar nuestra propia pensión. Desde entonces la decisión de cuánto riesgo tomar es de los propios afiliados, pero además, por efecto del encaje del 1% a que están obligadas las AFP, cuando los afiliados pierden, las AFP también pierden, y viceversa. Esto no debe tener nada contentos a los accionistas controladores de las AFP, mayoritariamente grandes compañías de seguros extranjeras.

La mayoría de los trabajadores ni siquiera ejerce su derecho a cambiar de fondo. Pocos entienden de qué se trata. Sin embargo la cantidad de personas que se cambia crece mes a mes, llegando a los 897.292 en marzo pasado. Esto es un 8,19% de los afiliados, que movieron el 12,96% de los fondos administrados, que a su vez corresponde al 8,03% del PIB chileno en 2019.

Esto es lo que probablemente comienza a molestar a los grandes inversionistas porque está impidiéndoles manipular el mercado financiero local con la misma facilidad de costumbre. Aunque estamos lejos de la des-regulación (por no decir despelote) previa a 1983, nos falta todavía avanzar mucho, tanto en regulación del mercado como en severidad de las penas para transgresiones por conflictos de interés y uso de información privilegiada.

Los trabajadores, al mover sus fondos, operan hoy con 4 días hábiles de desventaja, respecto al resto de los actores. Una discriminación inadmisible, que se justifica en la imposibilidad de contener el potencial arbitraje con uso de información privilegiada. Al inicio, los cambios se materializaban al día hábil siguiente de la solicitud.

Toda política de inversiones, tiene una forma de parar las pérdidas (stop loss, en inglés), que dice cuándo salirse de una posición ante una pérdida significativa.  Esta opción quedaría prohibida, en la práctica, para los ahorrantes de AFP si aprueban restricciones a los cambios de fondos.

Invertir en la Bolsa de Santiago sin estar muy bien informado, es casi botar la plata. La propaganda financiera campea y, el común de los mortales queda a merced de muy pocos grupos que pueden generar alzas o bajas a su antojo y conveniencia. Es tan poco profundo nuestro mercado local que, con relativamente pocos recursos, se puede afectar los precios. Para hacer lo mismo en la bolsa de Nueva York se requeriría de la billetera infinita de la Reserva Federal de los EEUU. (nótese que los infractores en los EEUU, además, tienen penas severas y efectivas de cárcel)

– Tenemos un problema, dicen los grandes inversionistas: los cambios masivos de fondos alteran los precios del mercado de forma impredecible e inconveniente. Encarece nuestra operación.

–  Hagamos una ley que los prohíba, sugiere alguien.

– Pero ¿cómo?, ¿Y la libertad de elección?, objeta otro.

– Preséntalo como una mejora, una restricción menor; por ejemplo: aumentar el plazo de materialización, permitir solo cambios a fondos adyacentes o perseguir a estos asesores de pacotilla, advenedizos al mercado financiero. ¡Usa tu creatividad, pues hombre!

Si llegan a tener éxito con su iniciativa, los vamos a ver muy pronto, dando explicaciones de por qué, Ud. y yo, no pudimos refugiarnos en el fondo E, cuando veamos venir, como el resto del mercado, otra crisis bursátil tan grande como la de 2008.

Peor aún. ¿Cómo explicarán a los trabajadores, que ya compiten con 4 días de desventaja, que ahora darán 116 días más de ventaja (entre sus decisiones y su materialización) al resto de los inversionistas?

Aprobar estas iniciativas es comprarse un problema más grande del que creen resolver. Es dejar en desamparo al inversionista pequeño y a los trabajadores.

Las soluciones más simples son:

  • Restringir el tamaño de suscriptores permitidos a cada asesor de gestión de multifondos (que tiene el inconveniente de perjudicar a los actores de posición mayoritaria) y
  • Restringir la cantidad de cambios al año permitidos a cada trabajador. Se puede aplicar dos fómulas por separado o conjuntamente:
    • Vía precios. La ley actual contempla que las AFP puedan cobrar una comisión fija por cada cambio de fondo por sobre el tercero dentro de cada año.
    • Limitar el número máximo de cambios en el año por cada afiliado; por ejemplo: 8 cambios al año. No sé si esta última requiera una modificación legal.

Creo que las soluciones propuestas resuelven el problema de los cambios masivos y, de paso, evitan que el Estado aparezca, una vez más,  defendiendo los intereses de las grandes corporaciones y no los de las mayorías a las que se deben.

Aún, suponiendo buena fe, esta iniciativa legal se parece al chiste de don Otto, se está vendiendo el sofá -prohibir los traspasos- en lugar de fomentar fuertemente una potente educación financiera, de manera que los afiliados puedan informadamente seguir, según su propio perfil: aversión al riesgo, grupo etario, sexo, estado de salud, étc., el fondo que le conviene. Lo contrario es un paternalismo “ilustrado” que beneficiará a la minoría de siempre.

Las AFP, y la Superintendencia de Pensiones, han pecado desde hace mucho tiempo en eludir sus responsabilidades, sus departamentos de estudio hace años saben que las pensiones no cumplirían con la promesa del 70% como tasa de reemplazo y nada se ha hecho.  En esta iniciativa quieren solucionar un problema de mercado cortando por lo más delgado y fácil.

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