La utopía socialista, aquella en que el estado es dueño de los medios de producción y responsable de la asignación de los recursos, ya no es defendida seriamente por nadie, ni economistas, ni historiadores.
La eliminación de los incentivos a la innovación, a la formación de capital y al emprendimiento son la principal causa de la pobreza que padecen la sociedades que priorizaron la igualdad por sobre la creación de la riqueza.
Por esta razón los gobiernos de izquierda ya no invocan abiertamente su llamado a la revolución socialista ni a la dictadura del proletariado.
Hoy esperan resolver los problemas de la desigualdad y la justicia social a través del denominado “Estado de Bienestar”.
El Estado de Bienestar es la organización social, según la cual el Estado provee servicios en cumplimiento de los derechos sociales a la totalidad de los habitantes de un país.
Para lograrlo, el estado necesariamente debe utilizar mecanismos de redistribución de ingresos a través del cobro de más impuestos. Este mecanismo, que aparenta la provisión de bienes y servicios en forma gratuita, produce el mismo efecto empobrecedor de la sociedad que la utopía socialista mencionada.
Destrucción de los incentivos
Los individuos tendrán menos incentivos a trabajar duro y a ahorrar si el estado les garantiza un buen pasar, sin mayor esfuerzo.
Por otra parte empresarios e inversionistas, al tener que pagar cada vez más impuestos, verán disminuidos sus recursos disponibles, se verán obligados a disminuir su producción y a contratar menos personal y, en el extremo, los inducirá a emigrar a países en donde los impuestos les permitan prosperar.
Sin trabajadores, ni innovación, ni capital, ni emprendimiento ¿quién producirá los bienes y servicios necesarios para cumplir con los derechos sociales prometidos?
Educar para la igualdad de oportunidades de competir en el mercado
Sin embargo, hay que decir que los subsidios son muchas veces necesarios para ayudar a quienes no están en edad o en condiciones de trabajar, especialmente aquellos relacionados con la educación, que permitirían acercarnos a la igualdad de oportunidades, siempre y cuando, esta educación considere la preparación para el mundo laboral, para el emprendimiento, para competir, para entender el rol del mercado en la determinación de los precios, etc.
No podemos poner la carreta delante de los bueyes.
El mensaje del estado (y de cualquier gobierno) debe priorizar la creación de la riqueza, el trabajo formal y el cumplimiento de las leyes, antes, y sin perjuicio de garantizar excepcionalmente algunos derechos sociales (por ej. el de la educación) a la población.
El de las pensiones es un ejemplo perfecto:
El trabajador debe ahorrar lo más que pueda durante su vida laboral para poder autofinanciarse la mayor pensión posible.
Esto implica trabajo formal, fiscalización de cumplimiento del pago de las cotizaciones, rentabilidad y seguridad del fondo de pensiones y utilización óptima de los recursos así acumulados para pagar la mejor pensión posible.
Solo después de esto (la carreta detrás de los bueyes) habrá que determinar a cuánto debe ascender la pensión mínima garantizada considerando los recursos fiscales disponibles, que permita el financiamiento de una canasta básica y que, por otro lado, no sea tan alta para que no desincentive el ahorro para fines previsionales.
La reforma previsional que está proponiendo el gobierno apuesta a suplir el escaso ahorro previsional de los trabajadores encareciendo el costo laboral con el 6%, que en la práctica es un impuesto al trabajo.
Sabemos que esta medida, lejos de aumentar el empleo formal, creará más informalidad y mayor cesantía.
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